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| Fuente de la Imagen: www.colombia.com |
El narcotráfico tiene sus orígenes en Colombia desde los años setenta con la aparición de diferentes carteles que para consolidar su monopolio se valieron del gobierno central logrando posicionar al país como el principal productor de drogas ilegales; esta situación atrajo la intervención de la comunidad internacional en la lucha contra las drogas dificultando su exportación y forzando así el crecimiento del mercado interno, conocido como “microtráfico”. Este cambio de ruta ha despertado el interés de los salubristas en el país quienes reportan alarmantes cifras en aumento del consumo interno.
El Estado además de tener que enfrentar el fenómeno criminal que se desarrolla en torno al narcotráfico, ha tenido que enfrentar el creciente fenómeno de drogadicción que en sumas representa un alto costo directo en sistema de salud, y sin considerar el costo indirecto al afectarse la productividad de su población.
Esta situación ha obligado al gobierno colombiano a dar un giro en las políticas de lucha contra las drogas, dando espacio al debate sobre medidas alternas como la despenalización de la drogas sintéticas, lo cual se sumaría a la normativa vigente que permite el porte y consumo de la dosis personal de drogas derivadas de productos naturales, como es el caso de la marihuana y la cocaína.
Así pues, el debate público sobre la Despenalización de drogas sintéticas, que busca generar “alternativas más audaces” en la lucha contra el narcotráfico, ha despertado diversas posturas a favor y en contra de la iniciativa.
Lo postura mesurada ante la despenalización argumenta que en los casos anteriores (cocaína y marihuana) no se evidenció un aumento del consumo y que esta medida ha sido un éxito en algunos países europeos, como Holanda, por ejemplo; por otra parte, la visión fatídica señala que el Estado no se encuentra en condiciones para sostener la despenalización de productos que se producen y distribuyen de forma ilícita, lo que contribuiría a fortalecer el microtráfico y el narcotráfico.
En lo único que coinciden las dos miradas es que el consumo es un grave problema de Salud pública lo que ha permitido reconocer la adicción y el abuso de las drogas como blanco de intervención en contraste al modelo guerrerista implementado durante años.
Es este un gran paso para la salud pública del país, la cual debe hacer frente a la problemática desde la educación, con la puesta en marcha de programas de promoción de la salud centrados en el fortalecimiento de la persona y orientados hacia el desarrollo de sus potencialidades, con un alto componente ético, fortaleciendo el concepto de familia, es decir, programas de Promoción de la Salud y Educación en Salud centrados en el desarrollo del carácter, lo que incidiría en la reducción de nuevos consumidores y la rehabilitación de los consumidores activos.
Además, la despenalización permitiría el fortalecimiento de otras acciones de salud pública centradas en el tratamiento de los adictos y la ejecución de programas efectivos que prevengan el consumo, dando respuesta a la alarma proveniente de las Naciones Unidas donde se indica que Colombia está consumiendo 130% más de cocaína que el promedio mundial; acciones que justificarían los cerca de 150 millones de dólares que el país invierte cada año en la lucha contra el flagelo de la drogadicción. En los últimos años Colombia ha pasado de ser Productor-Comercializador, a ser Consumidor-Productor-Comercializador, lo que le suma al país un flagelo adicional al de la guerra y el narcotráfico.
Por ello es que la despenalización de las drogas representan un tema de gran interés para los salubristas, pues sus repercusiones no se limitan al consumidor como individuo, que de por sí solo ya tiene gran potencial de afectar el interés poblacional, sino porque para que la droga llegue al consumidor antes involucra una larga cadena de producción, distribución y comercialización, sin considerar la segregación social y violencia que se desarrolla en paralelo a esta problemática.
El impacto de esta medida redundaría en establecer lineamientos claros que posibiliten la rehabilitación de los consumidores, y fortalecer las acciones contra los traficantes, proveedores y promotores del consumo.
Claro está que, con o sin despenalización, la drogadicción ocupa un lugar determinante en las problemáticas a las que se enfrenta la Salud Pública en el país y, en este sentido, los medios de comunicación posibilitan difusión de argumentos a favor y en contra de la iniciativa del gobierno, sin embargo, a la fecha no hay avances contundentes en propuestas para dar solución a la problemática.
El Estado además de tener que enfrentar el fenómeno criminal que se desarrolla en torno al narcotráfico, ha tenido que enfrentar el creciente fenómeno de drogadicción que en sumas representa un alto costo directo en sistema de salud, y sin considerar el costo indirecto al afectarse la productividad de su población.
Esta situación ha obligado al gobierno colombiano a dar un giro en las políticas de lucha contra las drogas, dando espacio al debate sobre medidas alternas como la despenalización de la drogas sintéticas, lo cual se sumaría a la normativa vigente que permite el porte y consumo de la dosis personal de drogas derivadas de productos naturales, como es el caso de la marihuana y la cocaína.
Así pues, el debate público sobre la Despenalización de drogas sintéticas, que busca generar “alternativas más audaces” en la lucha contra el narcotráfico, ha despertado diversas posturas a favor y en contra de la iniciativa.
Lo postura mesurada ante la despenalización argumenta que en los casos anteriores (cocaína y marihuana) no se evidenció un aumento del consumo y que esta medida ha sido un éxito en algunos países europeos, como Holanda, por ejemplo; por otra parte, la visión fatídica señala que el Estado no se encuentra en condiciones para sostener la despenalización de productos que se producen y distribuyen de forma ilícita, lo que contribuiría a fortalecer el microtráfico y el narcotráfico.
En lo único que coinciden las dos miradas es que el consumo es un grave problema de Salud pública lo que ha permitido reconocer la adicción y el abuso de las drogas como blanco de intervención en contraste al modelo guerrerista implementado durante años.
Es este un gran paso para la salud pública del país, la cual debe hacer frente a la problemática desde la educación, con la puesta en marcha de programas de promoción de la salud centrados en el fortalecimiento de la persona y orientados hacia el desarrollo de sus potencialidades, con un alto componente ético, fortaleciendo el concepto de familia, es decir, programas de Promoción de la Salud y Educación en Salud centrados en el desarrollo del carácter, lo que incidiría en la reducción de nuevos consumidores y la rehabilitación de los consumidores activos.
Además, la despenalización permitiría el fortalecimiento de otras acciones de salud pública centradas en el tratamiento de los adictos y la ejecución de programas efectivos que prevengan el consumo, dando respuesta a la alarma proveniente de las Naciones Unidas donde se indica que Colombia está consumiendo 130% más de cocaína que el promedio mundial; acciones que justificarían los cerca de 150 millones de dólares que el país invierte cada año en la lucha contra el flagelo de la drogadicción. En los últimos años Colombia ha pasado de ser Productor-Comercializador, a ser Consumidor-Productor-Comercializador, lo que le suma al país un flagelo adicional al de la guerra y el narcotráfico.
Por ello es que la despenalización de las drogas representan un tema de gran interés para los salubristas, pues sus repercusiones no se limitan al consumidor como individuo, que de por sí solo ya tiene gran potencial de afectar el interés poblacional, sino porque para que la droga llegue al consumidor antes involucra una larga cadena de producción, distribución y comercialización, sin considerar la segregación social y violencia que se desarrolla en paralelo a esta problemática.
El impacto de esta medida redundaría en establecer lineamientos claros que posibiliten la rehabilitación de los consumidores, y fortalecer las acciones contra los traficantes, proveedores y promotores del consumo.
Claro está que, con o sin despenalización, la drogadicción ocupa un lugar determinante en las problemáticas a las que se enfrenta la Salud Pública en el país y, en este sentido, los medios de comunicación posibilitan difusión de argumentos a favor y en contra de la iniciativa del gobierno, sin embargo, a la fecha no hay avances contundentes en propuestas para dar solución a la problemática.
Texto: Yorlandy Andrea Quiñónez S.
Magíster de Comunicación y Salud
Módulo 2: Salud Pública, promoción y Educación para la Salud
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